Presidenta de Perú responde ante fiscales por escándalo Rolexgate

La presidenta peruana, Dina Boluarte, comparece este viernes por primera vez ante los fiscales por el Rolexgate, un caso por el que es investigada por el delito de enriquecimiento ilícito por la presunta posesión de relojes de lujo y joyas no declarados, un escándalo que sacude los débiles cimientos de su gobierno.

Está previsto que la indagatoria comience a las 8H30 (13H30 GMT). Los fiscales pidieron a la mandataria que presente, en caso de que los tenga, los objetos de valor no declarados como parte de su patrimonio cuando asumió el cargo y que muestre los justificantes de compra o explique su procedencia.

La indagación se produce luego de que la policía allanó su vivienda y despacho presidencial el 30 de marzo en busca de la supuesta colección, compuesta por al menos tres relojes de alta gama marca Rolex que la prensa le atribuye a través de diversas fotografías publicadas en los últimos días.

No se sabe si la presidenta acudirá a la sede del Ministerio Público dado que puede recibir a los fiscales en su despacho, según una prerrogativa que ampara a los mandatarios.       

El gobierno tiene la esperanza de que el caso quede aclarado con la versión que ofrezca Boluarte para acabar con un escándalo que ya provocó dos pedidos de destitución desde la oposición parlamentaria de izquierda, aunque fueron desestimados el jueves por la mayoría derechista del Congreso. 

«Yo presumo que después de esta explicación no le quede más al Ministerio Público que cerrar esta investigación», dijo el jefe del gabinete ministerial Gustavo Adrianzén el jueves.

Según Adrianzén la mandataria «sabrá explicar qué es lo que pasó, cómo sucedieron las cosas».

– Pulsera Cartier bajo sospecha –

La fiscalía solicitará además explicaciones sobre el origen de depósitos bancarios por un millón de soles (unos 269 mil dólares) en sus cuentas en el período en que se desempeñó como ministra entre 2021 y 2022.

También sobre «la posesión de una pulsera Cartier de 56.000 dólares y joyas que habría usado en ceremonias que superarían los 500.000 dólares», según anunció el fiscal general Juan Carlos Villena.

Boluarte ha evitado referirse en público al caso hasta que declare ante la fiscalía.

Las indagaciones comenzaron el 18 de marzo, tras una denuncia periodística del medio digital La Encerrona.

Por ello la fiscalía ordenó «diligencias preliminares contra Dina Boluarte, presidenta de la República, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex».

Con Boluarte suman seis los presidentes salpicados por casos corrupción en lo que va del siglo XXI. Desde 2016 Perú ha tenido seis mandatarios.

La información periodística reveló que ella había usado varios relojes Rolex en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente izquierdista Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.

Pero tras esa publicación, la presidenta señaló que se trata de un reloj «de antaño» producto de su «esfuerzo».

– «Manos limpias» –

«He entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano», declaró la mandataria la semana pasada.

La fiscalía la puede investigar por un máximo de ocho meses. Si decide acusarla deberá esperar a que termine su mandato en julio de 2026 para llevarla a juicio, según fija la Constitución.

Boluarte, de 61 años, ha descartado renunciar e insiste en que aclarará el caso ante la fiscalía.

También ha denunciado un «ataque y acoso sistemático» con el fin de debilitar a su gobierno.

Si ella dimite, asume la presidencia el jefe del Congreso que deberá convocar a elecciones generales en seis meses.

Boluarte asumió el poder en diciembre de 2022 en reemplazo del destituido y encarcelado Castillo, de quien era su vicepresidenta.

La fiscalía ya investiga a Boluarte desde 2023 por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves», por la muerte de más de 50 civiles «durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023» que pedían su renuncia y adelanto de elecciones.

El escándalo detonó cuando su popularidad no supera el 10% en las encuestas.

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